miércoles, 24 de febrero de 2010

Moyano apela a la nueva ley que derogó los delitos de calumnias e injurias

El titular de la CGT, Hugo Moyano pidió a la Justicia su sobreseimiento por aplicación de la ley que derogó los delitos de calumnias e injurias, en una causa derivada de una antigua acusación por sus presuntas relaciones con la Triple A en los años 70.
Así se desprende de documentación a la que tuvo acceso DyN, relacionada con una causa que tramita en el juzgado correccional número ocho de esta Capital, a cargo del juez Eduardo Fernández.
La denuncia contra Moyano fue formulada por Carlos Enrique Petroni, un ex dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en la década del 70, quien se sintió agraviado por una solicitada de desmentida de sus declaraciones ante dos juzgados que investigan causas por violaciones a los derechos humanos.
Carlos Petroni denunció ante el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga los crímenes atribuidos a la Triple A, y en uno de los “juicios por la verdad” que lleva adelante un tribunal marplatense, que Moyano tuvo en su juventud relación cercana con dos agrupaciones vinculadas con la organización paramilitar de ultraderecha: la Concentración Nacional Universitaria Peronista (CNU) y la Juventud Sindical Peronista (JSP).
“En todo este proceso, los integrantes de este grupo (CNU y JSP) mantuvieron una estrecha amistad y colaboración política con el entonces secretario general del gremio de camioneros local, en 1972, y luego secretario general de la CGT local, entre 1976-83, que incluso llegó a la conformación de organizaciones políticas conjuntas, Hugo Moyano, actual secretario general de la CGT”, declaró Petroni.
Cuando en 2008 esos relatos trascendieron a la prensa, un hermano de Petroni, Fernando Héctor, firmó una solicitada publicada en el diario Clarín desmintiendo tales supuestos vínculos.
Sobre esa solicitada se basó Moyano durante un seminario en la Biblioteca Nacional para negar sus supuestos vínculos que la banda que lideraba José López Rega: “El hermano dijo que el testigo está enfermo, así que no se puede tener en cuenta lo que dijo”.
No obstante, Carlos Petroni, patrocinado por el abogado Daniel Stragá, presentó ante el juzgado correccional documentación que indicaría que la solicitada fue financiada por el gremio de Camioneros, que habría pagado 63.458,20 pesos por su publicación.
El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, presentó ante el juez Fernández un pedido de sobreseimiento para el líder cegetista.
“Sin perjuicio de que esta parte entiende que jamás se ha configurado el delito que se le endilga a mi cliente, lo cierto es que el pasado 18 de noviembre de 2009 se sancionó la ley 26.551 modificatoria de los delitos del honor”, explica el escrito, al que tuvo acceso DyN.
Tras invocar la aplicación de la “ley más benigna”, Llermanos recordó que las calumnias e injurias persisten “solamente si el contenido no fue atribuido en forma sustancialmente fiel a una fuente pertinente”.
“Moyano se ha limitado a reproducir fielmente lo que la fuente dijo respecto de su hermano”, abundó.
Sin embargo Carlos Petroni descartó tal hipótesis, argumentando que fue el gremio que históricamente representó Moyano el que pagó la solicitada, de modo el titular de la central sindical tuvo participación directa en la desmentida y la descalificación de sus expresiones ante la Justicia.
El juez Fernández aún no resolvió la cuestión planteada por ambos.

Dibujo: Sabat
Fuente: DyN

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