El juez federal tributario Carlos Folco dispuso la inhibición general de bienes del diario La Nación. El magistrado tomó la decisión a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aunque admitió que el organismo "nunca informó que existe un fallo de la Corte" que le prohíbe exigirles a 23 medios periodísticos el pago de una supuesta deuda impositiva.
La AFIP reclama a La Nación y a otros 23 medios de todo el país una deuda cercana a los 500 millones de pesos en concepto de IVA. Como las empresas periodísticas discuten la legitimidad de ese reclamo, la Corte Suprema dictó en 2009 una medida cautelar que tiene vigencia hasta tanto se pronuncie sobre la cuestión de fondo.
En las próximas horas, el abogado Ezequiel Cassagne, patrocinante de LA NACION, pedirá el levantamiento de la inhibición general de bienes. También denunciará a la AFIP y a su apoderado por estafa procesal, al no haberle informado al magistrado la existencia de aquella decisión del máximo tribunal. Y comunicará la irregularidad detectada a la Corte Suprema.
La pretensión de la AFIP de reclamarle a La Nación una deuda de 162 millones de pesos que todavía es objeto de discusión judicial llega en medio de una fuerte embestida del gobierno nacional contra los medios independientes. Como parte de esa embestida, anteayer el juez federal de Mendoza Walter Bento dispuso el sorpresivo allanamiento de Cablevisión y el nombramiento de un cointerventor, en tanto que en las próximas horas el Senado se apresta a convertir en ley un régimen para regular la producción y distribución de papel para diarios.
En los últimos días, numerosos medios y asociaciones de prensa nacionales y extranjeros pusieron de manifiesto los peligros que el Gobierno está creando para la libertad de expresión.
Ante una consulta de este diario, en la AFIP respondieron que no darían una respuesta sobre esta cuestión.
El conflicto tiene relación con el cobro del impuesto al valor agregado (IVA). La mayoría de los países no gravan con ese impuesto a la industria editorial o le aplican tasas muy reducidas.
En las postrimerías de la convertibilidad, sin embargo, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo gravó con el 10,5 por ciento de IVA al precio de tapa de los diarios y dictó un régimen que les permitió a las empresas del sector imputar las cargas sociales a cuenta de aquel tributo.
Pero en 2003 ese sistema fue derogado y el gobierno nacional nunca dictó uno nuevo, a pesar de que se había comprometido expresamente a hacerlo.
Entonces, muchos diarios, canales y radios de todo el país iniciaron una causa judicial con la participación de las entidades que los agrupan: Asociación Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA); Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA); Asociación de Radiodifusoras de la Argentina (ARPA), y Asociación de Telerradiodifusoras de la Argentina (ATA).
Entre los muchos medios que promovieron la demanda figuran, por ejemplo, los diarios El Día (La Plata), La Nueva Provincia (Bahía Blanca), Los Andes (Mendoza), La Capital (Rosario), El Popular (Olavarría), Editorial Perfil (diarios y revistas) o las radios Continental y Cadena 3.
El entonces juez de primera instancia Osvaldo Guglielmino les concedió a los medios de comunicación una medida cautelar, pero que la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó en 2008.
Ante esta decisión, la AFIP comenzó a cursar intimaciones y requerimientos a numerosos medios gráficos, radiales y televisivos de todo el país en los que se solicitaba la regularización de su situación fiscal y que ingresaran los importes correspondientes al pago de los aportes previsionales computados como créditos fiscales para la liquidación del IVA.
Pero el 17 de junio de 2009 la Corte Suprema de Justicia, que preside Ricardo Lorenzetti, reconociendo la gravedad institucional de la situación que se planteaba, dispuso por unanimidad "hacer saber a la AFIP que la medida cautelar dispuesta en los presentes autos por el juzgado federal de primera instancia continúa en vigor hasta tanto esta Corte se expida sobre el recurso extraordinario presentado por la actora".
La AFIP, omitiendo ese dato central en la causa, se presentó ante el juez Folco y consiguió que el magistrado, el 24 de noviembre pasado, librase un oficio de inhibición general de bienes al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida nunca fue notificada a La Nación ni por el juez ni por la AFIP y un profesional que asesora al diario la descubrió circunstancialmente, durante el curso de una gestión comercial.
El juez Folco explicó sobre la inhibición general: "La medida tiene sólo carácter preventivo, a partir de un certificado de deuda presunta de la AFIP, no de una deuda firme", aunque reiteró que "no tenía conocimiento del fallo de la Corte Suprema".
En las próximas horas, La Nación hará varias presentaciones judiciales. Una de ellas estará directamente dirigida a la Corte, para poner en conocimiento del alto tribunal la circunstancia que acaba de llegar a conocimiento de este matutino.
La otra será presentada ante el juez Folco, para pedir la revocatoria de la medida cautelar; denunciar la estafa procesal de la que fue víctima el magistrado y solicitar que remita la causa al fuero penal, y pedirle que les aplique a la AFIP y a su apoderado sanciones y daños y perjuicios.
Discusión por el IVA: desde 2003, el Gobierno y más de 20 empresas periodísticas discuten la legitimidad de una deuda por IVA.
Preocupación: muchos diarios y radios están bajo la amenaza de la AFIP por el reclamo de esa supuesta deuda. En 2009, la Corte Suprema dictó una medida cautelar de no innovar.
Ocultamiento: en su presentación ante un juez, la AFIP no informó sobre esa decisión del tribunal.
Fuente: Diario La Nación
