Al respecto, mencionó que en el presupuesto nacional de este año se destinan 4.800 millones de pesos para los medios públicos, la distribución arbitraria de la publicidad oficial, el programa Fútbol para Todos y el funcionamiento de la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual , que son empleados “con fines proselitistas”
La declaración fue leída por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de AdEPA, Guillermo Ignacio (Ecos Diarios, Necochea), en la segunda y última jornada de deliberaciones de la 154ª Junta de Directores de la entidad.
Expresa el comunicado:
La prensa se continúa desenvolviendo en la Argentina en un clima adverso, derivado del hostigamiento oficial y del denominado periodismo militante, las agresiones e intolerancia de funcionarios y las amenazas del crimen organizado. A ello se suman la distribución arbitraria de la pauta oficial, la persecución regulatoria y administrativa y el incumplimiento de fallos judiciales referidos a la libertad de expresión y al libre acceso a la información pública.
A fines de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No obstante, el máximo tribunal afirmó en su sentencia que la ausencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial, la transformación de medios privados de comunicación en instrumentos políticos nutridos por prebendas estatales, el uso de medios públicos como herramientas proselitistas, y la ausencia de un órgano independiente de aplicación de la ley y ajustado a los principios constitucionales, desvirtuarían los objetivos de la denominada ley de medios. Sostuvo, en síntesis, que lo que viene haciendo el Poder Ejecutivo de manera ostensible en todos estos años, colisiona con la legitimidad de la cuestionada norma.
¿Qué ocurre, entonces, si el Poder Judicial actúa sin tener en cuenta el contexto en el que está inmerso y si el Poder Ejecutivo sólo acata las sentencias que lo satisfacen y aplica de manera selectiva las leyes sancionadas por el Congreso? Ocurre la Argentina, un país con desequilibrio republicano y libertades amenazadas.
La Corte ha reiterado, a través de distintos fallos, que la publicidad oficial no puede emplearse para intentar disciplinar o seducir a medios de comunicación. A las sentencias en los casos Río Negro y Perfil, de 2007 y 2011, la primera en contra del gobierno de la provincia de Neuquén y la segunda contra la discriminación planteada por la administración nacional, se sumó en febrero pasado el fallo sobre el caso Artear, en la misma línea de la segunda de las mencionadas.
Hasta hoy, la respuesta del Gobierno nacional a estos pronunciamientos fue el incremento exponencial de la pauta con una distribución regida, principalmente, por la afinidad editorial de los medios con su discurso y por el objetivo de construir un enorme aparato propagandístico para deslegitimar al periodismo independiente y sostener discursivamente al oficialismo.
En el primer semestre de 2013, de acuerdo a los últimos datos oficiales que llegan con sistemático retraso y sin estar adecuadamente desagregados, se distribuyeron 865 millones de pesos en publicidad oficial. La ausencia de toda pauta objetiva en el reparto hace que ciertos medios con una línea editorial condescendiente sean beneficiados, en una relación de 200 a 1, respecto de medios independientes.
De acuerdo a los datos consignados en el presupuesto oficial, los argentinos dedicaremos este año 4.800 millones de pesos para financiar aquello que, según la Corte, atenta contra la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación. Ese monto está destinado, básicamente, al mantenimiento de la red de medios públicos transformados en usinas oficialistas, a la distribución arbitraria de publicidad, a solventar los gastos del programa Fútbol para Todos empleado con fines proselitistas y al funcionamiento de la AFSCA, el órgano que debería aplicar la ley de medios de manera equitativa e independiente del gobierno con el que coordina sus acciones.
En uno de sus discursos de febrero pasado, la presidenta Cristina Kirchner afirmó que se veía obligada a hablar por cadena nacional hasta encontrar "algún juez o alguna Corte que también torne obligatorio que se sepan los actos de Gobierno, en qué se invierten los recursos del pueblo, qué cosas hacen sus gobernantes". Más allá de que dicho requerimiento constituiría un caso de censura previa, los medios independientes dan sobradas muestras de cubrir con amplitud los actos y expresiones oficiales, incluso cuando éstas configuran un ataque a esos mismos medios.
En abierta contradicción con el reclamo presidencial, los organismos estatales siguen siendo renuentes a brindar datos centrales sobre la gestión. En los últimos días, la Corte Suprema ha vuelto a reclamar la necesidad de una ley nacional que garantice el libre acceso a la información pública.
En este contexto, a lo largo de 2013 se registraron alrededor de doscientos casos de ataques a periodistas y medios. En los últimos seis meses, condenamos públicamente los atropellos sufridos, entre otros, por los periodistas de Ecos Diarios de Necochea, los directivos de Actualidad de Mercedes, el conductor de ADN de Córdoba, el editor de Ultima Hora de Santiago del Estero, el equipo periodístico de TN agredido por allegados al titular de la AFIP, o la sugestiva inspección de funcionarios de ese organismo en el domicilio de Magdalena Ruiz Guiñazú.
La sociedad argentina está gravemente afectada por la inseguridad. Una de sus facetas más sombrías la ofrece el narcotráfico, flagelo que se extiende rápidamente en un país que presenta un terreno fértil para su desarrollo. En los últimos meses hubo amenazas de integrantes de una banda de narcotraficantes a periodistas de El Sol de Mendoza. Por otro lado, el director de Síntesis de San Lorenzo, Santa Fe, sufrió un ataque con una bomba molotov arrojada en su domicilio, hecho aparentemente relacionado con el narcotráfico, según se desprende de la denuncia del editor del medio. Este alarmante contexto que afecta a los argentinos en general, y a los periodistas en particular, llevó a AdEPA a impulsar una campaña de recolección de firmas dirigidas a funcionarios públicos para modificar este estado de cosas.
La publicidad de los actos de gobierno, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los gobernantes, son requisitos ineludibles de todo régimen republicano. Este carácter se ve socavado cuando la pauta oficial y los medios públicos no son empleados para comunicar la gestión del Estado sino para hacer proselitismo o para intentar acallar voces críticas.
Asimismo, cuando el uso de los recursos públicos llega tarde, de manera parcial y maquillado detrás de presupuestos falaces, o cuando se presiona a los anunciantes privados para ahogar financieramente a los medios independientes. También, cuando los proyectos de acceso a la información pública son desechados por los bloques legislativos mayoritarios y cuando los medios que pretenden reflejar qué hacen los funcionarios con los recursos de todos son atacados de manera sistemática”.
