El pedido de audiencia hecho por la Defensoría del Público y recibido por el Relator Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza; continúa sumando apoyos y solicitudes de diferentes organizaciones de la sociedad civil de Argentina y Latinoamérica.
La solicitud de la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano, es en respuesta a los cientos de reclamos ante los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que modifican la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, disponen la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio.
A las numerosas presentaciones recibidas en la Defensoría del Público por parte de organizaciones universitarias de Argentina y Latinoamérica, campesinas e indígenas, cooperativas de trabajo, periodistas con visión de género, asociaciones de periodistas y especialistas en comunicación; se sumaron esta semana la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), el Sindicato de prensa de Rosario, programas universitarios, carreras de comunicación, centros de estudio y entidades especializadas en comunicación entre otros.
La Coalición por una Comunicación Democrática es un grupo de sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos, entre otros, que convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias presentaron 21 puntos básicos que sentaron las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en reemplazo de la ley de radiodifusión instaurada por la última dictadura cívico-militar.
FARCo es la organización que agrupa a las radios populares y comunitarias de la República Argentina. Cuenta con 91 asociadas en todo el territorio nacional. Las radios que integran tienen como objetivo principal ejercer la radiodifusión como un servicio y no como una simple actividad comercial lucrativa.
AMARC es una organización no gubernamental internacional al servicio del movimiento de la radio comunitaria, que agrupa cerca de 4.000 miembros y asociados en mas de 130 países. Su objetivo es apoyar y contribuir al desarrollo de la radio comunitaria y participativa de acuerdo con los principios de solidaridad y la cooperación internacional.
“La Coalición por la Comunicación Democrática respalda y acompaña a la Defensoría del Público en su gestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dada la decisión del gobierno del presidente Mauricio Macri el que contra las normas constitucionales intenta legislar a través de decretos, llamados de necesidad y urgencia en el sector de los servicios de comunicación audiovisuales.
Las decisiones adoptadas, que amplían los márgenes de concentración de emisoras de radio y televisión y en el sector de la televisión paga, favorecen directamente a grupos privados, se contraponen con la Convención Americana, que expresa taxativamente que esa concentración es contraria al derecho a la libertad de expresión y a la circulación libre de informaciones y opiniones, con múltiples emisores.
Además, los decretos desvirtúan las disposiciones de la Ley 26.522 y dan al Poder Ejecutivo potestades abusivas y contrarias a la autonomía prevista en la Convención, al desarticular organismos como el CoFeCA, (Consejo Federal de Comunicación Audiovisual que cuenta con participación de representantes de todas las provincias y es un espacio que como la CCD lo impulso tras cientos de debates y foros un espacio plural, interdisciplinario y multisectorial” aseveraron desde la entidad.
“En nombre del Sindicato de Prensa Rosario, expresamos nuestra adhesión a la solicitud de la Defensoría del Público para una intervención del Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una audiencia lo más inmediata que sea posible, a raíz de la vulneración de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, modificada por decreto del Poder Ejecutivo y sin dar la intervención al Congreso” aseguran desde la entidad santafesina.
La red que agrupa a radios comunitarias en todo el mundo afirma: “Como Representante de la red Argentina de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCA) quiero expresar el aval de las radios, centros de producción y comunicadores y comunicadoras de todo el país aglutinados en AMARC Argentina al pedido de intervención urgente que la Defensoría del Público le realizara a Edison Lanza, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la (OEA), tras la publicación por parte del poder ejecutivo de los decretos que afectan a distintos artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a su organismo de aplicación y la ley Argentina Digital y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (AFTIC).
Desde AMARC Argentina creemos que las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional destruyen el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación. Al mismo tiempo, la disolución del COFECA nos afecta de manera directa al dejar a los medios sin fines de lucro y particularmente a las radios comunitarias sin una herramienta de participación en las políticas públicas que afectan al sector”.
Otra adhesión enfatiza: “Desde ECCyGE (Estudios de Comunicación, Cultura y Género), Programa de extensión e investigación universitaria radicado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCPBA (Sede Olavarría) solicitamos se de curso en carácter de urgente a la audiencia requerida ante OEA por requerimiento de la Lic.Cynthia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público de la Nación, ante la embestida grosera y antidemocrática que está llevando adelante el gobierno actual de la República Argentina con el objetivo de damnificar la libertad de expresión, acallar las voces disidentes y plurales y erosionar la democracia”.
También lo hicieron radios de todo el país: “Manifestamos el apoyo del Foro Argentino de Radios Comunitarias al pedido de reunión que la Defensoría del Público planteó al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dados los decretos del Gobierno Nacional que desarticularon los organismos de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que modifican la Ley 26.522 en varios de sus principios centrales, definidos a través de un proceso participativo de debate y elaboración. Como señala la nota de la Defensoría, estas medidas constituyen una amenaza a la libertad de expresión según los parámetros del sistema interamericano, puesto que se vulneran "los principios que desde el sistema interamericano se han defendido”.
Consideramos que la Ley 26522 es un aporte inestimable al derecho a la comunicación, la diversidad y la ampliación de derechos y que debe ser sostenida. Advertimos que la expansión arbitraria de las cuotas de mercado, la transferibilidad de las licencias y la prórroga automática de las mismas, dispuestas a favor de empresas privadas, constituye una amenaza directa a centenares de emisores de radio y televisión que vienen construyendo una circulación de información y opinión diversa y plural, indispensable para una democracia verdadera. La concentración en la propiedad de los medios y la oligo/monopolización que conlleva son situaciones que claramente atentan a la libertad de expresión y al pluralismo necesarios para que el sistema de medios respete la democracia comunicacional y considere la comunicación como un derecho y no un bien de mercado.
Acompañamos, entonces, el reclamo de la Defensoría y esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responda positivamente al mismo”.
Desde Córdoba afirman: “En nombre de la Especialización en gestión y Producción de Medios Audiovisuales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, expresamos nuestra adhesión a la solicitud de la Defensoría del Público” y agregan: “La Ley 26.522, construida en un proceso participativo y federal, garantiza la pluralidad de voces que, según los estándares internacionales, toda democracia necesita. En ese sentido, la modificación de los límites a la concentración de emisoras de radio y televisión y de la televisión por cable, dispuesta por el gobierno macrista, es una amenaza directa al derecho a difundir informaciones y opiniones por todos los sectores del país, contemplados en la Ley, como sindicatos, organizaciones sociales, cooperativas, pueblos originarios, universidades y escuelas”.
“En nombre de la carrera de Comunicación Social del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, expresamos nuestra adhesión a la solicitud de la Defensoría del Público para una intervención del Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una audiencia lo más inmediata que sea posible” expresaron desde la casa de estudios y agregaron: “Con sus medidas el gobierno atacó especialmente, además, la autonomía de los organismos que la norma instituyó para una participación pluralista y federal en el sector audiovisual, como la AFSCA y el CoFeCA, dejando todos los márgenes de decisión a discrecionalidad del Poder Ejecutivo, lo que choca abiertamente con los estándares de la Convención Americana.
Por lo tanto, respaldamos la solicitud de la Defensoría y, por su intermedio, abogamos por una intervención inmediata de la Relatoría”.
También lo hicieron desde la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AreCIA): “La modificación de los límites a la concentración de emisoras de radio y televisión y de la televisión por cable, es una amenaza directa al derecho a difundir informaciones y opiniones plurales, por todos los sectores del país, contemplados en la Ley, como sindicatos, organizaciones sociales, cooperativas, pueblos originarios, universidades y escuelas. Los editores independientes, que trabajamos en el sector gráfico, conocemos bien las consecuencias negativas de los decretos desregulatorios: nuestro sector continúa desamparado de toda legislación que proteja la actividad del monopolio del mercado y regido por el decreto 1025/2000. La venta y distribución de diarios y revistas está regida por ese decreto, firmado durante el gobierno de Fernando De La Rúa junto a la entonces ministra de Trabajo y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Nuestra Asociación, que nuclea a 300 revistas independientes y autogestivas de Argentina, informó el año pasado en el cuestionario sobre Libertad de Expresión realizado por la CIDH el incumplimiento de estas obligaciones en el sector gráfico, inspirada en el progresivo avance regulatorio que se observaba en el sector audiovisual. Ahora esos avances quedan anulados por una serie de decretos, firmados sin consulta al Congreso ni atención sobre las advertencias judiciales, lo cual agrava notoriamente la situación en relación al derecho de comunicar en Argentina. Por lo tanto, respaldamos la solicitud de la Defensoría y, por su intermedio, abogamos por una intervención inmediata de la Relatoría frente al nuevo atropello sobre la libertad de expresión cometido por el Estado argentino”.
En la nota, enviada a la CIDH, la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano señala que se trata de “una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”.
Leídas en conjunto, las medidas dictadas por el Gobierno Nacional “desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia”, señaló Ottaviano.
La solicitud de “urgente intervención” efectuada por la Defensoría al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, tiene “el fin de evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.
El Relator, Edison Lanza, ya había expresado su disconformidad con lo sucedido en la Argentina por decisión del Gobierno Nacional al asegurar que “no aprobamos intervernir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por medio de un decreto”. Mientras tanto, múltiples sectores de la sociedad civil nacionales y latinoamericanos avalaron el pedido de la Defensoría.
"Los anuncios que van en el sentido de intervenir justamente cuando cambia el Gobierno para hacerlo a imagen y semejanza de quien gana quiere decir que se acabó la autonomía, que se vuelve al momento en que los gobiernos manejaban la oficina", afirmó Lanza al periódico Buenos Aires Herald en relación con los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que dispusieron la intervención de la AFSCA y la remoción de su Directorio.
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