El magistrado procesó a Sabbatella por la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta" y dispuso que se le trabe un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de diez millones de pesos.
El juez determinó que el dirigente de Nuevo Encuentro es responsable de la comisión de irregularidades en la entrega de casi 10 millones de pesos por parte del Afsca a organizaciones que presentaron proyectos que no fueron correctamente valuados.
El magistrado también procesó a la legisladora porteña del kirchnerismo Andrea Conde, quien estuvo a cargo de la Dirección de Proyectos Especiales, por "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública", según la resolución a la que accedió Télam.
Al dictar el procesamiento, el juez Rodríguez dio por probado que "hubo un manifiesto desinterés por proteger los objetivos específicos plasmados en cada convenio".
"Estoy convencido que, con la totalidad de la prueba obrante en autos, en base a la diversidad de acciones ejecutivas en estudio y teniendo fundamentalmente en cuenta que las irregularidades detectadas por la SIGEN y constatadas por el Tribunal, debían haber sido observadas por las autoridades del AFSCA", afirmó el juez.
El juez Rodríguez indicó también que las conductas de quienes debían controlar y no lo hicieron "fueron realizadas con dolo directo y con el fin de procurar un lucro indebido para sí o para terceros", según el fallo que el magistrado firmó el viernes pasado, aunque se conoció este lunes.
"He de resaltar que los actos de los organismos y entidades estatales que pertenecen a la administración pública poseen un margen de actuación, es decir discrecionalidad (que no debe nunca entenderse como arbitrariedad) para evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de sus actos. Sin embargo, y tal como la SiGeN (órgano de contralor de la Administración Pública, entre otros) también resaltó, en esos casos resulta evidente el apartamiento de la misión establecida", consideró el juez en el procesamiento.
En la investigación se dio por probada la irregular asignación de subsidios a cuatro organizaciones por parte de la ex AFSCA: el Foro Argentino de Radios Comunitarias; la Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón (distrito donde tiene su base política Sabbatella); la Cooperativa de Trabajo Activa Limitada y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral.
La acusación fue hecha por el fiscal federal Carlos Stornelli en base a una denuncia del presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Miguel de Godoy, basada en un informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN).
En su dictamen, Stornelli había sostenido que la "formación de la comunicación popular se confundió con la difusión de política partidaria", en referencia a que se financiaron proyectos como uno titulado "¿Qué significa para nosotros el kirchnerismo?".
En el procesamiento, el juez Rodríguez destacó, por ejemplo, "los gastos realizados en concepto de taxis abonados en ciudades diferentes a las que se estaban llevando a cabo encuentros, denotan que hubo un manifiesto desinterés por proteger los objetivos específicos plasmados en cada convenio".
Se trata del segundo procesamiento contra Sabbatella en lo que va del año, dado que antes el juez federal Claudio Bonadio lo había procesado por "abuso de autoridad" en una causa en la que se investiga la decisión de disponer la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la denominada Ley de Medios, dijeron fuentes judiciales.
Sabbatella: “El Gobierno va a esconder la realidad con fallos judiciales a su medida”
El juez Luis Rodríguez procesó y embargó al expresidente de AFSCA
“El plan de Macri es que en esta campaña electoral no se discuta el presente sino el pasado. Quieren esconder la dura realidad que viven los argentinos y argentinas con fallos y resoluciones absurdas contra quienes formamos parte del Gobierno anterior. La maniobra, como siempre, se completa con la manipulación, la difamación y las mentiras de los medios hegemónicos. Buscan tapar el ajuste y la pérdida de derechos”, expresó Martín Sabbatella quien fue procesado, junto a la legisladora porteña Andrea Conde, por el juez federal Luis Rodríguez.
La causa fue impulsada por el propio Gobierno nacional y está vinculada a la firma de convenios con organizaciones para la capacitación de medios comunitarios, cuando Sabbatella presidía la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y Conde era directora de Proyectos Especiales de ese organismo.
“Nos acusaron, primero, por tratar de que Clarín cumpla la ley y, ahora, porque apoyamos, fortalecimos y fomentamos al sector comunitario de la comunicación. Es decir: el oficialismo gubernamental, mediático y judicial nos persigue porque cumplimos la ley vigente y trabajamos para democratizar la comunicación”, opinó el exfuncionario y agregó: “Hicimos todo en el marco de la ley, de esa misma ley que Clarín no cumplió gracias a los favores del partido judicial. Cada paso que dimos está acreditado y documentado. Pero a estos jueces funcionales al Gobierno y los empresarios no les interesa la verdad, sino colaborar con la campaña del macrismo”.
“El miércoles último fuimos a declarar ante Rodríguez y el fiscal amigo de Macri, Carlos Stornelli. Nos informaron los detalles de la imputación, dimos testimonio de nuestra inocencia y solicitamos algunos días para acercar más elementos que demuestran lo genuino y legal de todo lo que hicimos en AFSCA y, específicamente, en relación a estos convenios. Sin embargo, a menos de 48 horas y sin esperar esas nuevas pruebas, el juez nos procesó y embargó por montos disparatados, con la intención de intervenir en el proceso electoral y generar sospecha acerca de nuestra conducta y el origen de un patrimonio que no alcanza ni remotamente una cuarta parte del embargo”, consideró y concluyó: “Es un disparate jurídico, a mi entender propio de un poder judicial enviciado e intervenido por los intereses políticos y empresarios del Gobierno”.
La causa contra Sabbatella y Conde fue iniciada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), organismo creado por Macri tras la disolución de AFSCA, y lleva el impulso fiscal de Carlos Stornelli, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Luis Rodríguez. El miércoles 5 de julio los exfuncionarios se presentaron a la indagatoria del juez, quien tenía 10 días hábiles para analizar las declaraciones, los testimonios y las pruebas ofrecidas antes de resolver. No obstante, antes de que se cumplieran dos días de las indagatorias y sin esperar la nueva documentación, Rodríguez redactó y firmó el procesamiento de ambos funcionarios.
Fuentes: Agencia TelAm, Nuevo Encuentro
